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INFORME ‘CUIDAR CON DERECHOS, VIVIR CON DIGNIDAD’
equipo de trabajo del área de mujer de la red SJM

[tomado de la web del SJM, 27.3.25]

El pasado 27 de marzo se presento el informe ‘Cuidar con derechos, vivir con dignidad’, elaborado por el equipo de trabajo del área de mujer del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que recoge perspectivas de trabajadoras del hogar y cuidados de origen migrado, familias empleadoras y profesionales técnicas sobre los cuidados y el empleo del hogar. Desde el reconocimiento a esta labor y su aporte social, se analizan dificultades y se proponen alternativas para que los derechos a cuidar y ser cuidadas sean realmente garantizados en la sociedad. 

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En palabras de Susete Mourato, investigadora y autora principal del informe, “El sistema actual de cuidados a personas en situación de dependencia no garantiza su universalidad, sino que reproduce desigualdades de género y favorece la explotación laboral de las personas que trabajan en este ámbito. Cuidar y ser cuidadas es un derecho inherente a todo ser humano, pero sigue siendo un privilegio de unas pocas personas”.

Según el informe, el 58% de las mujeres entrevistadas no han obtenido contrato laboral ni seguridad social; el 35% no ha tenido ni vacaciones pagadas ni descansos; el 40% de las empleadas en régimen externo trabajan más de 40 horas semanales; mientras que casi una de cada cuatro encuestadas admite no tener ninguna oportunidad formativa.

Además, el 15% de las mujeres entrevistadas han sido víctimas de acoso sexual en el entorno laboral. En algunos casos “persisten actitudes clasistas, racistas y colonialistas que perpetúan relaciones asimétricas basadas en estereotipos que generan discriminaciones múltiples, como situaciones de maltrato y de violencia sexual en el entorno laboral”.

El informe sintetiza una serie de hallazgos sobre la situación de este sector. En España existe una desigualdad estructural en los cuidados, ya que son las mujeres quienes asumen mayoritariamente esa responsabilidad, lo que perpetúa la desigualdad de género y la precariedad de este sector, donde existe una alta informalidad y vulnerabilidad de derechos. Además, existe un modelo de políticas públicas de cuidados deficiente: las mujeres soportan esta carga y suplen dicho déficit en un contexto de mayor envejecimiento de población y de ausencia de medidas efectivas de conciliación.

Por otro lado, la complejidad en trámites de regularización administrativa, unida a la falta de información sobre la contratación para ambas partes, genera una inseguridad jurídica, alienta la informalidad laboral y la economía sumergida e invisibiliza esta labor. Todos estos factores generan sobreexplotación y tienen un alto impacto en la salud mental y física de las trabajadoras. 

Para revertir estas situaciones, es necesario un cambio estructural que garantice el acceso a derechos sociolaborales, así como el reconocimiento del trabajo en cuidados como esencial y digno. Entre las recomendaciones que propone el informe, que el Estado promueva políticas que reconozcan los cuidados como un derecho; facilitar y flexibilizarla regularización y contratación de mujeres migrantes trabajadoras; establecer incentivos, asesoramiento y medidas de apoyo para familias empleadoras; prevenir riesgos laborales propios del sector, garantizando medidas de protección y acceso a seguridad social; y promover herramientas de sensibilización  social y cambio cultural que visibilicen esta labor esencial y contribuyan a erradicar prácticas discriminatorias hacia las mujeres trabajadoras.

El informe subraya la necesidad urgente de transformar el sistema de cuidados en España, priorizando la dignidad y los derechos de las trabajadoras del hogar y los cuidados. Para lograrlo, es imprescindible la colaboración de las administraciones públicas, las entidades del tercer sector y la sociedad en su conjunto. Solo con un esfuerzo coordinado será posible construir un modelo de cuidados más justo, equitativo y sostenible.

En palabras de una mujer empleada de hogar en Bilbao, participante en la investigación del informe, “que nuestras voces sean escuchadas y atendidas, que nuestra labor no se quede en la oscuridad, que nuestras peticiones como trabajadoras no se queden en bucle”.