– Nota de prensa –
LOS JUZGADOS DE CONTROL DEL CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) DE MADRID RECONOCEN LAS VULNERACIONES DE DERECHOS DENUNCIADAS POR LAS PERSONAS INTERNAS Y ADOPTAN GRAN PARTE DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS POR LAS ENTIDADES SOCIALES

Puedes ampliar información en este artículo de Alfa y Omega (26.5.22)

Madrid, martes 17 de mayo de 2022.

• Los juzgados de control han adoptado siete medidas de obligado cumplimiento en las que requieren a distintas instituciones y autoridades la ejecución de determinadas actuaciones en relación a las denuncias por malos tratos, la tutela judicial efectiva, la protección de la salud de las personas internas y el establecimiento de medidas especiales ante el preocupante internamiento de mujeres migrantes víctimas de violencia de género.
• Las organizaciones sociales esperan que este sea el primer paso de las instituciones encaminado al refuerzo de las garantías de los derechos humanos de las personas privadas de libertad pero se mantienen cautelosas ante la puesta en
• Esta resolución judicial no habría sido posible sin la valentía para denunciar de las personas privadas de libertad en Aluche y sin el trabajo previo realizado por las entidades sociales en los centros de internamiento desde su creación.

Madrid, martes 17 de mayo de 2022.

En el mes de julio del pasado año, Mundo en Movimiento, Pueblos Unidos – SJM, el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine y el Centro de Documentación contra la Tortura denunciaron ante la Fiscalía y al Consejo General del Poder Judicial un preocupante aumento de la violencia hacia las personas migrantes internadas, así como la continua vulneración de sus derechos fundamentales. Con el fin de proteger los derechos de las personas internas y garantizar el acceso a una tutela judicial efectiva, se reunieron con cada uno de los actores relacionados con el funcionamiento del CIE para tratar aspectos de mejoras en los que poder colaborar, finalizando con la elaboración de una propuesta. Los Jueces de Control del CIE convocaron una reunión en sede judicial para la discusión de las medidas presentadas que tuvo lugar el pasado 12 de enero. A dicha convocatoria fueron citados la Fiscal Delegada de Extranjería, el Comisario Jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid, el Director y Secretario de Policía del CIE de Aluche, la Directora del Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo, la supervisora del servicio sanitario del CIE y el director de Clínicas Madrid, los médicos forenses de los juzgados de control, los subdirectores adjuntos de la Oficina de Asilo y Refugio, el responsable del Servicio de Orientación Jurídica al Extranjero del ICAM y representantes de Cruz Roja, ACNUR, Pueblos Unidos-SJM, Mundo en Movimiento, Centro de Documentación Contra la Tortura, Observatorio de Derechos Humanos y Karibu.

La adopción de estas medidas es fruto del trabajo coordinado entre organizaciones sociales, del acompañamiento efectivo en el CIE a las personas internas y a sus familias y de la documentación escrupulosa de las violaciones denunciadas por las personas internas. Asimismo, la rigurosa la actividad en los CIE que lleva a cabo desde hace años el Defensor del Pueblo, ha permitido destacar aquellas prácticas mejorables de la administración que luego son abordadas por la labor de vigilancia y control de los juzgados de control del CIE, que han adoptado siete medidas en las que requieren a distintas instituciones y autoridades la ejecución de determinadas actuaciones en relación a las denuncias por malos tratos, la tutela judicial efectiva, la protección de la salud de las personas internas y el establecimiento de medidas especiales ante el preocupante internamiento de mujeres migrantes víctimas de violencia de género, teniendo la obligación de atender a las mismas (enlace a la resolución judicial completa).

Celebramos que la iniciativa judicial entra de lleno en el asunto de las agresiones y el trato degradante repetidamente denunciado y solicita la puesta en marcha de un protocolo anteriormente recomendado por el Defensor del Pueblo. Sin embargo, aún quedan por tratar muchos aspectos y por resolver otros, entre los que se encuentran los de índole sanitaria, que han anunciado que serán analizados en expediente aparte. Nos mostramos cautelosas ante la puesta en marcha de las medidas dispuestas, aunque esperamos que este sea el primer paso de las instituciones (tanto administrativas como judiciales) encaminado al refuerzo de las garantías de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Estas medidas judiciales recogen el trabajo de muchos años y reconocen las vulneraciones de derechos que se vienen denunciando incesantemente desde la creación de los CIE, lo que debería favorecer el respeto y garantía de los derechos de las personas internas en estos centros. Sin su valentía para denunciar, a pesar de las consecuencias y dificultades, y sin el trabajo previo realizado por las entidades sociales en los centros de internamiento, esta resolución judicial no habría sido posible.

Conscientes de la injusticia que supone la privación de libertad en un CIE y del inhumano sistema que los sostiene, las entidades acreditadas para realizar visitas en el CIE continuaremos denunciando las vulneraciones de derechos que ocurren de forma sistemática en estos centros hasta conseguir su cierre. Siempre trabajaremos para dar visibilidad a aquella dolorosa realidad que permanece escondida, persiguiendo que la Administración y el resto de instituciones públicas respeten los derechos fundamentales de todas las personas hasta la desaparición de todos los tipos de fronteras.

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